El plebiscito y la Constituyente: Entre la constitucionalidad y el poder

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El domingo se realizará un plebiscito en Venezuela convocado por miembros de la Asamblea Nacional. El plebiscito es la respuesta de la oposición a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a formar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la constitución. Estas acciones, el plebiscito y la convocatoria a la Constituyente, se encuentran en relación inversa en cuanto a la constitucionalidad y el poder real de cada una. Por una parte, el plebiscito tiene bases constitucionales pero sus resultados son de carácter simbólico. Por otra parte, la convocatoria de Maduro carece de bases constitucionales pero cuenta con el poder real que posee el gobierno—con el respaldo de las Fuerzas Armadas—para realizar sus planes de formar una Constituyente. La disparidad entre acciones basadas en la Constitución y las acciones basadas en el poder arbitrario del Ejecutivo y las Fuerzas Armadas es el peligro perenne que corren los sistemas democráticos. En el caso del plebiscito y la Constituyente, esta disparidad demuestra lo frágil que es el Estado de derecho cuando los que se encuentran en el poder están dispuestos a destruirlo.

La Asamblea basa la realización del plebiscito en el artículo 71 de la Constitución, el cual establece que esta puede llamar a un “referendo consultivo” para decidir “materias de especial transcendencia nacional.” Así mismo, el artículo 70 establece como “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político… la consulta popular,” en otras palabras, el plebiscito. De esta manera, la Asamblea tiene la potestad de llamar a un plebiscito para preguntarles a los venezolanos si desean la formación de una Constituyente sin previa consulta popular, la restauración del Estado de derecho y elecciones para formar un nuevo gobierno.

La formación de una Constituyente también está prevista en la Constitución (Título IX, Capítulo III). Sin embargo, el pueblo venezolano como “depositario del poder constituyente originario” es el único que puede convocar una Constituyente (artículo 347). Tanto el presidente como la Asamblea, los consejos municipales o el quince por ciento de los electores pueden tomar “la iniciativa de convocatoria” (artículo 348). Como explica Carlos García Soto, profesor de derecho de la UCV, el presidente puede tener la iniciativa de formar una Constituyente, pero es el pueblo mediante un referendo quien decide si se convoca o no. La consulta popular previa es la parte crucial del proceso que Maduro omitió y que deja sin base constitucional su convocatoria y las elecciones del 30 de julio para elegir a los constituyentes. A su vez, este es uno de los objetivos de la Asamblea con el plebiscito, preguntarle al pueblo si desea convocar una Constituyente y registrar oficialmente su rechazo a los planes de Maduro.

A pesar de contar con bases constitucionales, el plebiscito carece de poder. Mejor dicho, la Asamblea carece de poder, del poder real necesario para hacer cumplir lo que los venezolanos decidan el domingo. El resultado del plebiscito es sabido. Más de cien días de manifestaciones y protestas contra Maduro y su Constituyente son evidencia plena y contundente de la voluntad del pueblo. El repudio patente de los venezolanos hacia el gobierno es lo que llevó a Maduro a desacatar la Constitución y convocar elecciones fraudulentas para la Constituyente sin previa consulta popular. La Asamblea por su parte se ha visto incapaz de realizar sus funciones ante el asedio del resto de los poderes públicos. Aliados a Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Fuerzas Armadas constituyen un frente unido que la Asamblea no puede superar. Ante esta carencia de poder, el plebiscito solo servirá para demostrar una vez más que el gobierno actúa inconstitucionalmente y en contra de la democracia.

Mientras tanto, Maduro y la cúpula chavista pueden darse el lujo de convocar la Constituyente y de no hacerles caso a las críticas, las protestas y las marchas. También pueden darse el lujo de establecer bases comiciales incongruentes que garantizarán la elección de representantes que escribirán una constitución hecha a la medida de Maduro. Una nueva constitución tendría que ser aprobada por medio de un referendo (artículo 344). Seguramente los venezolanos no aprobarán la constitución de Maduro. El problema, como concluye un informe de Carlos Ayala Corao, profesor de derecho constitucional de la UCAB, es que aparte de redactar una nueva constitución el objetivo principal de la Constituyente “será terminar de dejar sin efecto [la] Constitución de 1999 y de disolver los poderes constituidos ‘no alineados’ que estorban al gobierno… y además se les levantará la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional para juzgarlos penalmente.” Ayala también afirma que la Constituyente tratará de obviar las elecciones de gobernadores y las elecciones municipales que debieron haberse realizado en el 2016 y 2017 respectivamente y las presidenciales del 2018.

Estas medidas acabarían con los últimos vestigios de democracia que existen en Venezuela. Sería la sentencia de muerte de la democracia venezolana. Tan inconcebible como esta posibilidad nos pueda parecer, los antecedentes demuestran que el gobierno está dispuesto a desobedecer la Constitución y que cuenta con el poder necesario para hacerlo. Debemos recordar que la Constitución goza de poder real cuando las personas a cargo del Estado y las Fuerzas Armadas están dispuestas a respetarla, acatarla y defenderla. De otra forma, la Constitución es tan solo un pedazo de papel.

La única manera de que el plebiscito tenga poder más allá de lo simbólico es que sus resultados lleven a facciones dentro de la cúpula chavista a rechazar la convocatoria de Maduro por ser inconstitucional y contraria a los deseos del pueblo. Esta posibilidad es extremadamente improbable. Si las protestas masivas de los últimos meses no han logrado cambiar la posición de los chavistas con respecto a la Constituyente, el plebiscito tampoco lo logrará. Maduro continuará con sus planes de formar una Constituyente, haciendo de este el año decisivo para para el futuro de la democracia en Venezuela.

Aun con estos pronósticos funestos, con su carencia de poder real y de resultados inmediatos, el plebiscito de llevarse a cabo. Es una de las pocas opciones que tiene la Asamblea al verse asediada por los poderes públicos al servicio de Maduro. Es quizá la única opción que le queda para defenderse de aquellos que intentan estrangularla hasta que el último suspiro de poder y autoridad que posee deje su cuerpo abatido y maniatado, y con este se termine de morir la democracia.