Ahora es más fácil para la policía quitarte tus bienes

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Imagina que eres el dueño de un pequeño negocio en el que la mayoría de las ventas son en efectivo, como un abasto, una fuente de soda o cafetería. El día fue muy bueno y te apresuras a depositar miles de dólares en ventas antes de que el banco cierre. Un policía te detiene por manejar sobre el límite de velocidad. El oficial decide hacer una pesquisa del carro y encuentra el dinero. Aunque no se consiguen drogas, el policía decomisa el dinero alegando que es el producto de la venta de drogas. También confisca el carro bajo la sospecha de que es usado para la venta de drogas. La policía tiene la autoridad para decomisar tu dinero y tu propiedad bajo una práctica conocida como decomiso de efectivo y confiscación de bienes, también conocida como confiscación civil. La práctica permite a los cuerpos policiales decomisar efectivo y propiedad sin supervisión judicial o presentar cargos contra el dueño.

Aunque parece inconstitucional y lleva al abuso de poder por parte de los cuerpos policiales, el 19 de julio el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció que el Departamento de Justicia autorizaba el uso de la confiscación adoptiva. La orden de Sessions anuló las políticas implementadas por el anterior fiscal general, Eric Holder, que limitaban y en algunos casos prohibían este tipo de confiscación. La confiscación adoptiva permite a los cuerpos policiales estatales y locales en estados que restringen la práctica decomisar propiedades y dárselas a una agencia federal. Esta confisca oficialmente la propiedad bajo las leyes federales. Después, los cuerpos estatales y federales se dividen los bienes a través del Equitable Sharing Program (Programa de Repartición Equitativa) del Departamento de Justicia.

En su anuncio, Sessions explicó que “la confiscación civil de bienes es una herramienta clave que ayuda a los cuerpos policiales a quitarle los fondos al crimen organizado”. El dinero y los bienes decomisados, Seesions continuó, “fortalecen nuestros cuerpos policiales cuando podemos compartirlos y usarlos para avanzar nuestro esfuerzo contra el crimen”. Efectivamente, el Departamento de Justicia ha compartido grandes sumas de dinero mediante el Programa de Repartición Equitativa. Un reporte publicado en marzo por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia señala que desde el 2000 el departamento le ha dado $6000 millones a cuerpos policiales estatales y locales a través de este programa.

El reporte del inspector general reconoce que la confiscación de bienes puede “socavar financieramente las organizaciones criminales y desalentar el comportamiento criminal”. Sin embargo, el Departamento de Justicia no posee evidencia para soportar su argumento de que el efectivo y los bienes decomisados por la policía debilitan el crimen organizado. El reporte encontró que el departamento no recolecta datos relacionados con la confiscación de bienes y no puede determinar si le práctica es “usada apropiadamente” o si verdaderamente ayuda en las investigaciones criminales. El inspector general también examinó 100 casos de decomiso de efectivo de la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia responsable por el 80 por ciento de los decomisos de efectivo del Departamento de Justicia entre el 2007 y 2016. Encontró que la DEA pudo confirmar que los decomisos asistieron o avanzaron investigaciones criminales en solo 44 de estos casos. Estos números demuestran que esta práctica es más efectiva para generar dinero para los cuerpos policiales que para paralizar el crimen organizado. El uso de la confiscación de bienes es más preocupante cuando nos damos cuenta que el 81 por ciento de las confiscaciones de la DEA fueron confiscaciones administrativas (es decir, confiscaciones de propiedad hechas sin involucración judicial). Por medio de este tipo de confiscación, el reporte afirma, la DEA recolectó “aproximadamente $3200 millones” en el período de diez años indicado anteriormente.

La gran cantidad de dinero recolectado a través de la confiscación de bienes ha llevado al inspector general a expresar su preocupación acerca del riesgo de “crear la impresión” de que los cuerpos policiales usan la confiscación de bienes para generar ingresos en vez de usarla para debilitar empresas criminales. Esta es una de las críticas que el magistrado conservador de la Corte Suprema de Justicia Clarence Thomas expresó en una declaración a principios de marzo. “En las últimas décadas la confiscación civil se ha vuelto muy difundida y altamente lucrativa”, explicó Thomas. Ya que las agencias policiales pueden quedarse con los bienes confiscados, continúa Thomas, estas “tienen un fuerte incentivo para realizar confiscaciones”.

Ciertamente, a los criminales no se les debe permitir el mantener el dinero y los bienes que obtuvieron por medio de actividades ilegales. Los cuerpos policiales necesitan de recursos para poder hacer su trabajo. Los bienes confiscados pueden cubrir parte de los costos de los operativos policiales. Sin embargo, el decomisar el dinero y la propiedad de las personas sin evidencia de que un crimen ha sido cometido, de que la propiedad decomisada fue usada o es el producto de actividades criminales y sin presentar cargos criminales contra el dueño es una violación del derecho a la propiedad.

Esto es lo que ha provocado las críticas más fuertes en la izquierda y la derecha. El reporte del inspector general alerta que el decomiso de efectivo y la confiscación de bienes “presentan riesgos potenciales a las libertades civiles”. Los riesgos potenciales de esta práctica ya se han traducido en violaciones de los derechos de las personas. En su declaración, Thomas confirmó que “este sistema—donde la policía puede decomisar propiedad con una limitada supervisión judicial y retenerlos para uso propio—ha llevado a atroces y bien documentados abusos”. La confiscación de bienes también ha sido criticada por la American Civil Liberties Union (Unión Americana de Libertades Civiles) y por republicanos conservadores. Artículos en Time y The Atlantic reportaron que los diputados Jim Sensenbrenner de Wisconsin y Darrell Issa de California, y los senadores Rand Paul de Kentucky, Mike Lee de Utah y Ted Cruz de Texas se oponen a esta prácica. Issa y Paul sostienen que la práctica también viola la cuarta y quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La cuarta enmienda protege a las personas “contra pesquisas y decomisos arbitrarios”. También establece que las órdenes de detención o de cateo tienen que ser emitidas “con causa probable… y describiendo particularmente el lugar a ser registrado, y las personas o cosas a ser detenidas”. La quinta enmienda protege a las personas contra la privación “de vida, libertad, o propiedad, sin el debido proceso legal”. Por consiguiente, el gobierno tiene que presentar cargos criminales contra una persona o emitir una orden de cateo bajo causa probable para poder decomisar la propiedad de dicha persona. Hay algunas excepciones a los requerimientos de la cuarta enmienda, como cuando una persona accede a una pesquisa, cuando la policía realiza paradas investigatorias o cuando la policía decomisa artículos (por ejemplo, drogas) que están a simple vista. Sin embargo, la presencia de miles de dólares por sí sola—como en la situación descrita anteriormente—no constituye evidencia de que un crimen ha sido cometido y no deben ser decomisados por las autoridades.

Sosteniendo la legalidad de la práctica, Sessions explicó que “en la última década, cuatro de cada cinco confiscaciones civiles administrativas presentadas por agencias de policía federales nunca fueron disputadas en corte”. La escasez de disputas legales no implica que la práctica sea constitucional o que las personas crean que el gobierno tiene el derecho de decomisar bienes sin causa probable o el debido proceso legal. El bajo número de disputas legales, como lo explica la Unión Americana de Libertades Civiles, es que recuperar propiedad decomisada es “notoriamente difícil y caro, con los costos a veces excediendo el valor de la propiedad”. La dificultad y el costo del proceso es lo que hace que sea menos probable que alguien dispute un decomiso o una confiscación en la corte, no el que la persona crea que sea culpable de un delito o de que crea que la práctica es correcta. Además, como explicó Thomas, “las operaciones de confiscación frecuentemente tienen como blanco a los pobres y otros grupos menos capaces de defender sus intereses en los procedimiento de confiscación”.

El fiscal general Sessions debería hacerle caso al consejo de sus colegas republicanos y revisar esta política. También debería revisar el argumento de que el decomiso de efectivo y la confiscación de bienes son herramientas efectivas para combatir el crimen organizado. La habilidad de decomisar la propiedad de alguien sin causa probable u orden de cateo transforma la confiscación civil de una táctica para combatir el crimen a un mecanismo para generar ingresos a expensas de personas inocentes. Le da a los cuerpos policiales un incentivo económico para emplear irresponsablemente esta práctica. Lleva al abuso de poder, especialmente contra quienes no tienen los recursos para defenderse en corte. Como insinuó Thomas en su declaración, la justificación legal para el uso de esta práctica está en duda. La misión de Sessions de combatir el crimen es laudable. No obstante, la confiscación civil es una política equivocada. Espero que las mentes brillantes en el Departamento de Justicia conciban un método mejor y constitucional para incapacitar a las organizaciones criminales. Un método que no lleve al abuso o tenga como blanco a personas inocentes y vulnerables.