La tercera ley física de Newton dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Otra ley de acción y reacción del comportamiento humano proviene de la Guarachera de América: “Songo le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga.” Ambos principios explican la reacción del presidente Nicolás Maduro a las sanciones que EE. UU. ha impuesto a su gobierno. También demuestran lo contraproducente que son estas sanciones. Estas le han servido a Maduro para fortalecer la coalición chavista, reforzar su poder y, ahora, como excusa para castigar a la oposición.
Cada vez que EE. UU. impone sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela, Maduro responde de dos maneras. Primero, con el trillado discurso antimperialista, acusando a EE. UU. de tratar de desestabilizar el país con una guerra económica. Maduro ha usado las sanciones para eludir la responsabilidad por la precaria situación económica del país. Segundo, Maduro premia a los funcionarios sancionados por EE. UU. (la reacción igual y opuesta de la ley de Newton).
El 26 de julio, el mismo día que el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 13 funcionarios del gobierno, Maduro les entrego réplicas de la espada de Simón Bolívar a ocho de estos funcionarios en un ceremonia televisada. El periódico El Nacional reportó que Maduro declaró: “A los agredidos por el gobierno de Estados Unidos he decidido entregarle a cada uno la espada inmortal del Libertador Simón Bolívar”. Al darle la espada al ex-Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, Maduro le dijo: “Yo sé de sus valores antimperialistas y patrióticos de toda su vida”. Saab respondió que con las sanciones “se condena la lealtad a la Patria, una historia antimperialista, honesta, decente. Si esa ha sido la sanción, nosotros recibimos esa sanción como una medalla en el pecho”. El 5 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente nombró a Saab Fiscal General de la República.
David Smilde y Geoff Ramsey de la Washington Office on Latin America explican que Maduro ha usado las sanciones para unificar la fracturada coalición chavista. Estas han hecho difícil que los funcionarios sancionados se opongan a Maduro. Estos funcionarios, Smilde y Ramsey argumentan, ahora “ven su bienestar político y personal como sinónimo con la continuación del gobierno de Maduro”. Estos funcionarios pudieran haberse distanciado del presidente al ver que el país se hundía más y más en el abismo económico, político y social. Pero al combertirse en blanco del látigo del Departamento del Tesoro se volvieron leales al gobierno autoritario de Maduro, haciendo todo lo posible para preservar y reforzar la sujeción de Maduro al poder.
La canción de la Guarachera de América explica mejor la reacción de Maduro a las recientes sanciones económicas. Estas no están dirigidas a funcionarios, sino a la capacidad del gobierno y PDVSA para pedir préstamos a instituciones financieras estadounidenses. La respuesta retórica de Maduro a las sanciones fue la usual invectiva antimperialista. Pero ahora, no tiene a nadie a quien premiar por recibir el “honor” de ser sancionado por EE. UU. Entonces, el gobierno venezolano ataca a la oposición. EE. UU. castiga al gobierno de Maduro. Maduro castiga a la oposición (Songo le dio a Borondongo. Borondongo le dio a Bernabé).
El 29 de agosto la Constituyente aprobó unánimemente un decreto para enjuiciar a políticos opositores por traición. Acusan a dirigentes opositores de promover las sanciones y la intervención estadounidense en Venezuela. El blanco de estas acusaciones son el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el primer vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, y los diputados Luis Florido y Juan Requesens.
La reacción del gobierno es simplemente otro intento de la cúpula chavista de eliminar la oposición. Trataron de quitarle los poderes legislativos a la Asamblea Nacional a finales de marzo por medio de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. La táctica falló cuando millones de personas salieron a las calles a protestar la decisión. Más recientemente, el 18 de agosto, la Constituyente asumió el poder de legislar en asuntos sociales, económicos y del Estado, quitándole a la Asamblea la mayoría de sus potestades. El gobierno también emitió órdenes de arresto contra el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, y la ex-Fiscal General y antigua partidaria del gobierno, Luisa Ortega Díaz. Por un mecanismo u otro, Maduro y la Constituyente están aniquilando a la oposición y la Asamblea. Las nuevas sanciones económicas proveyeron una excusa barata pero efectiva para acelerar la campaña de persecución.
Borges, Guevara, Florido y Requesens podrían sufrir el mismo destino que otros políticos perseguidos por el gobierno. Tendrán que ir a la clandestinidad o al exilio como Muchacho, Smolansky y Ortega, o ir a prisión como Leopoldo López, Antonio Ledezma y cientos de presos políticos. Las ramificaciones de la decisión de la Constituyente van más allá de los políticos acusados de traición. El gobierno podría levantar—y levantará—la misma acusación contra otros dirigentes opositores, especialmente si EE. UU. continúa imponiendo sanciones contra el gobierno de Venezuela. Maduro continuará usando las sanciones para ganar más partidarios dentro del chavismo y como excusa para talar la oposición hasta sus raíces desnudas.
Las nuevas sanciones económicas intentan limitar la capacidad que tiene Maduro para financiar su represivo régimen. Sin embargo, a largo plazo, la falta de dinero también profundizará la crisis humanitaria. Adicionalmente, como explica Francisco Monaldi, profesor de economía de la Universidad Rice, las sanciones forzarán al gobierno de Maduro a acercarse a Rusia y China. Ambos países le han dado préstamos al gobierno y tienen relaciones económicas con Venezuela. Ahora que EE. UU. ha prohibido a sus ciudadanos e instituciones hacer transacciones financieras con PDVSA y el gobierno venezolano, Maduro tendrá que incrementar la deuda que el país ya tienen con China y Rusia bajo condiciones muy desfavorables. El elevado costo de esta futura deuda significa que varias generaciones de venezolanos van a tener que pagarla.
A primera vista, las sanciones parecen una buena acción a tomar contra gobiernos dictatoriales. Buscan incapacitar a estos gobiernos y disuadirlos de utilizar medidas más autoritarias. Sin embargo, están teniendo el efecto opuesto. Las nuevas sanciones no solo afectaran las reservas del gobierno sino también empeorarán la crisis humanitaria y harán que Maduro se vuelva más dependiente de China y Rusia. Además, un reporte publicado en enero por el Congressional Research Service (Servicio de Investigación del Congreso) cita varios medios donde analistas de inteligencia estadounidenses “parecen reconocer que Estados Unidos tiene poca influencia en la situación [en Venezuela], manteniendo que la presión estadounidense por sí sola no va a resolver el problema”.
Hasta ahora, las amenazas de enjuiciamiento de la Constituyente han sido solo eso, amenazas. Todavía no se han presentado cargos contra dirigentes opositores. Quizá, el gobierno se ha aguantado por temor a parecer más antidemocrático de lo que ya es. Enjuiciar a los dirigentes de la Asamblea seguramente le causaría la condena y el aislamiento internacional al gobierno de Maduro. Por consiguiente, en vez de que EE. UU. actúe unilateralmente contra Venezuela, un esfuerzo coordinado por los países latinoamericanos para encontrar una solución negociada a la crisis política es la mejor estrategia para salir adelante. Nuestros amigos en la región pueden presionar más efectivamente al gobierno para que libere a los presos políticos y realice elecciones libres y limpias. Solamente espero que tengan el mismo deseo de actuar que el gobierno estadounidense ha demostrado hasta ahora.
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