¿Los Estados Unidos busca intervenir en Venezuela?

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En febrero los Estados Unidos tomaron varias medidas que parecen indicar una conducta más agresiva hacia Venezuela. La medida más significativa fue la designación del Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, como narcotraficante y la congelación de sus bienes en los EE. UU. por el Departamento de Tesoro. En un comunicado de prensa, el Departamento declaró que la acción contra El Aissami es “la culminación de una investigación de varios años.” A finales de febrero, el Senado pasó una resolución expresando “profunda preocupación por la continua crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela.” La resolución llama al gobierno venezolano a permitir la entrada al país de asistencia humanitaria, a reanudar el dialogo con la oposición, liberar a los presos políticos y resolver la crisis política a través de medios constitucionales y democráticos. El Senado también insta al Presidente Donald Trump a hacer personas en el gobierno venezolano “responsables por violaciones de la ley de los Estados Unidos y abusos a derechos humanos reconocidos internacionalmente.”

La resolución vino semanas después de una carta al Presidente firmada por el senador demócrata Robert Menéndez, la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen y otros 32 legisladores. En la carta, le piden al Presidente que tome una postura más fuerte hacia personas en el gobierno venezolano que violan derechos humanos y acusan a El Aissami de tener vínculos con organizaciones terroristas. Los legisladores citaron reportes de American Interest y el Wall Street Journal que alegan que el Vicepresidente le dio pasaportes a miembros de Hamas y Hezbollah cuando encabezaba la oficina a cargo de emitir pasaportes venezolanos (ONIDEX). En discursos al Congreso, Ros-Lehtinen y el senador republicano Marco Rubio otra vez mencionaron la existencia de vínculos entre El Aissami y grupos terroristas en el Medio Oriente. Las repetidas acusaciones de estos legisladores contra El Aissami parecen ser parte de un esfuerzo dirigido a obtener apoyo para que los EE. UU. efectúen un cambio de gobierno en Venezuela.

Los EE. UU. han impuesto sanciones contra individuos que han cometido violaciones a los derechos humanos en Venezuela, compañías que han hecho negocios con Irásn, e individuos que han brindado apoyo a Hezbollah. La diferencia en el caso de El Aissami es que él no es una persona privada sino el Vicepresidente Ejecutivo y el posible sucesor de Nicolás Maduro a la presidencia. Esta situación intensifica las inquietudes sobre los posibles vínculos entre el gobierno venezolano y grupos terroristas, dándoles motivos a los críticos de Maduro en Washington para pedir a la nueva administración que se involucre de manera más directa en Venezuela.

Tan preocupantes como son las denuncias contra El Aissami, las acusaciones parecen ser exageradas. Un reporte del Congresional Research Service admite que el Presidente Hugo Chávez estableció acuerdos económicos con Irán y que partidarios de Hezbollah estuvieron en Venezuela durante su mandato. Sin embargo, el reporte explica que desde la muerte de Chávez en 2013 y la salida de Mahmoud Ahmadinejad de la presidencia de Irán el mismo año, las relaciones entre los dos países y entre Irán y Latinoamérica han disminuido. David Smilde de la Washington Office on Latin America y Shannon O’Neil del Council on Foreign Relations también testificaron frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que no hay ninguna evidencia substancial de que terroristas islámicos han estado operando en Venezuela.

Adicionalmente, Smilde y Geoff Ramsey explican que no hay evidencia convincente de que El Aissami estaba dando pasaportes Venezolanos a terroristas. Reconocen que hay bases para las sospechas de que El Aissami está vinculado con el narcotráfico, Hezbollah y Hamas. No obstante, Smilde y Ramsey arguyen que estas sospechas “deben ser investigadas y sopesadas con evidencia.” Falsificación de pasaportes, señalan, “es un constante problema de seguridad y no está de manera alguna limitado a Venezuela.” Además, los venezolanos necesitan una visa para entrar a los EE. UU. Puedo atestiguar que el proceso  para obtener una visa es difícil y no siempre exitoso. Tengo amigos a los que les negaron visas de turista. También vi personas en la embajada en Caracas a las que les negaron sus peticiones. Todo esto antes del incremento en las restricciones de viaje a los EE. UU. después de los ataques en 2001. Un pasaporte venezolano—especialmente uno falso—no es el mejor documento para entrar a los EE. UU. Las acusaciones contra El Aissami son preocupantes y merecen ser investigadas a fondo. Sin embargo, la insistente reiteración de que El Aissami le dio pasaportes venezolanos a terroristas para obligar al gobierno de los EE. UU. a tomar medidas más drásticas contra Venezuela es inquietante, particularmente cuando estas acusaciones han aumentado desde que Trump tomó posesión de la presidencia.

La idea de Trump de que “el dominio militar (de los EE. UU.) debe ser incuestionable” y su propuesta de aumentar el presupuesto militar sugieren una política exterior más beligerante que la de su predecesor. Con respecto al gobierno de Maduro, la política de Trump también podría ser determinada por la previa relación entre el Secretario de Estado Rex Tillerson y Venezuela. Durante su período como director de ExxonMobil, las relaciones entre la compañía petrolera y Venezuela se volvieron tensas. En 2007, Chávez nacionalizó la industria petrolera y expropió los bienes de la compañía. ExxonMobil llevó su caso al Banco Mundial demandando $10.000 millones en compensación. Pero el 9 de marzo, el Banco Mundial canceló porciones de los $1.600 millones que el tribunal le había adjudicado a la compañía petrolera en 2014. Otra disputa ocurrió en 2015 cuando Maduro reanudo demandas territoriales sobre la costa guyanesa donde ExxonMobil había descubierto reservas petroleras estimadas en 1.400 millones de barriles.

Aunque Tillerson no parece estar buscando retaliación, las disputas de ExxonMobil con Venezuela podrían influenciar negativamente la actitud del Secretario hacia el país. Tillerson podría recomendar que los EE. UU. intervengan para efectuar un cambio político en Venezuela. Esto podría suceder por medio de sanciones más estrictas, el arresto de personas en el gobierno acusadas de tráfico de drogas y—en el peor de los casos—intervención militar si hay sospechas de que el gobierno venezolano está apoyando a organizaciones terroristas. Como dijo Rubio en su discurso al Congreso, los EE. UU. consideran un “ultraje que el vicepresidente de un país en nuestro hemisferio (esté) en el negocio de vender pasaportes y documentos de viaje a personas vinculadas al terrorismo.” Como se explicó al principio, la evidencia contra El Aissami no es confiable. No obstante, no sería la primera vez que un grupo de políticos estadounidenses usan evidencia dudosa como excusa para enviar tropas a un país.

Una intervención directa en el proceso político venezolano traería consecuencias desastrosas para la futura estabilidad del país. La intervención extranjera podría traer un cambio rápido pero corto. Deslegitimaría cualquier transición política, debilitando el apoyo del próximo gobierno. Este gobierno sería percibido como la imposición de un poder extranjero, no la voluntad del pueblo venezolano. La intervención de los EE. UU. también cabría dentro de la retórica del oficialismo que acusa a “conspiraciones imperialistas” de querer derrocar a Maduro y erradicar el chavismo. Esto alienaría a la gran cantidad de personas que todavía se identifican como chavistas. Las personas que se sienten excluidas del proceso político, que siente que sus voces han sido silenciadas encuentran maneras de expresar su descontento y de hacer sus demandas. Tratarán de retomar las riendas del proceso político, usualmente por medios no muy democráticos y pacíficos. Esta situación fue la que hizo a Chávez tan popular después de su fallido golpe en 1992 y luego lo llevó a la presidencia.

Como la mayoría de los venezolanos, quiero una solución a la crisis. Quiero una transición pacífica, estabilidad política, la liberación de los presos políticos y el fin de la corrupción, el crimen, y la escasez de medicina y comida. Como O’Neil y Mark Feierstein, miembro del Center for Strategic and International Studies, le dijeron al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, la solución a la crisis política y económica en Venezuela tiene que venir desde adentro. El cambio en el país tiene que ser efectuado por el pueblo venezolano. La intervención extranjera sólo debe venir a través de esfuerzos diplomáticos para logra un cambio democrático, no a través de una intervención agresiva.

La situación en Venezuela es extrema, lo que hace que el largo y arduo trabajo diplomático y del cambio desde adentro sea la opción menos atractiva. Pero, la democracia es difícil. La paz y estabilidad duradera no se logran en un día, un mes o un año, a veces ni en una década. Si queremos revivir la promesa democrática y económica que una vez fue Venezuela, nosotros—los venezolanos—tenemos que encontrar una solución a la crisis. El cambio no debe venir por medio de medidas drásticas desde afuera sino a través de esfuerzos para obligar al gobierno a apegarse a la Constitución, hacer elecciones y respetar los resultados. Este largo y tortuoso camino es el más prometedor para la futura estabilidad del país.